Escenario perjudicial de inseguridad jurídica empresarial ante la formación obligatoria y FUNDAE

Desde el nuevo cambio de interpretación adoptado por la Administración Española respecto a la consideración de que la formación obligatoria no puede ser bonificable en FUNDAE ( que es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que a través de la gestión de fondos públicos, ayuda a las empresas a formar a las personas trabajadoras al tiempo que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa)

La inseguridad jurídica de las empresas, en materia de formacion de carácter obligatorio (PRL, Manipulador de alimentos, CAP, etc.…) en el ámbito de la formación programada por las empresas (bonificaciones de FUNDAE). Es máxima ya se pretende aplicar con efecto retroactivo y la exigencia, incluso, de intereses y sanciones de las bonificaciones aplicadas en dichas acciones formativas.

Hay que tener en cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional que estima que dicha formación no puede ser objeto de bonificación con el consiguiente reintegro e inclusive sanción, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

“En el año 2019, desde una delegación de la Inspección de Trabajo territorial se cuestionó e incidentó la bonificación realizada por una empresa en formación obligatoria de PRL, incluso con imposición de una sanción administrativa. La empresa afectada recurrió a la jurisdicción contencioso-administrativa que, en sentencia del Juzgado Central número 10 de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 23 de septiembre de 2021, confirmó el criterio de la Inspección de Trabajo. Recurrida esta sentencia en apelación, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 23 de marzo de 2022, confirmando la de instancia y el restrictivo criterio de la Inspección de Trabajo.

Esta situación ha generado una importante inseguridad jurídica para las empresas; para la propia FUNDAE y para los distintos organismos y servicios públicos implicados ya que, mientras el SEPE y su entidad colaboradora FUNDAE, siguen admitiendo la bonificación de las acciones formativas obligatorias, la Inspección de Trabajo y algún órgano judicial, mantienen un claro criterio contrario a la bonificación de estas acciones.”

Adjuntamos el comunicado: CEOE y CEPYME, tras el visto bueno de sus respectivos órganos de gobierno, han acordado reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social el mantenimiento del sistema de bonificaciones a la formación obligatoria. Este sistema se ha venido aplicando en nuestro país a las empresas que deben hacer este tipo de formación.